políticas públicas penitenciarias

Políticas Públicas Penitenciarias

El Reglamento Penitenciario chileno, contenido en el Decreto 518 de 1998, constituye un importante esfuerzo por adaptar la legislación interna a las obligaciones emanadas de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, lo que el propio reglamento señala en su artículo 4º. Es así como cobran gran relevancia normas como la del artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la del artículo 5 dela Convención Americanade Derechos Humanos, que establecen que toda persona privada de libertad deberá ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que, al igual que todas las personas, no deben ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

 El 14 de marzo del 2008, durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet se puso en vigencia la nueva Ley No. 20.253, conocida como la “agenda corta antidelincuencia”, la cual consiste en:

 El primer punto dice relación con una modificación del Código Penal, que tiene como objetivo eliminar ciertos vacíos legales del sistema judicial. En principio la propuesta establece que durante los controles de identidad se faculte a los policías a revisar si existen órdenes de detención pendientes, para así agilizar la detención si correspondiese.

Además, se permite a los efectivos el ingreso a recintos cerrados sin necesidad de orden previa si es que hay antecedentes de que se está cometiendo un delito.

El Ejecutivo también propone eliminar dentro de las labores administrativas, que actualmente cumple Carabineros, la entrega de notificaciones y resoluciones judiciales a personas que deban declarar como testigos en un juicio.

Asimismo, plantea traspasar a los municipios la obligación de entregar salvoconductos en caso de mudanza y también se elimina la obligación de constatar ante Carabineros los daños materiales provocados por accidentes de tránsito.

En el caso de delitos flagrantes, en cambio, la “agenda corta” estipula que la condición de flagrancia se extienda por un periodo de hasta 12 horas.

Además, se solicita que los abogados asistentes del Ministerio Público tengan la posibilidad de pedir medidas cautelares si corresponde. Lo anterior tiene por objetivo incrementar sin mayor gasto el número de profesionales del organismo para hacer más eficiente y eficaz su accionar.

En el caso de las detenciones declaradas como ilegales, para los delitos considerados graves, los fiscales podrán apelar ante la Cortede Apelaciones para revertir este fallo.

En el caso de la prisión preventiva se detallan tres situaciones que hacen que un imputado sea considerado un peligro para la sociedad: reincidente en el mismo delito, cuando está sujeto a medidas cautelares y cuando los delitos cometidos hayan sido catalogados como graves.

“La nueva política penitenciaria” en aplicación en chile desde la década pasada, plasmada en el reglamento de establecimientos penitenciarios, entrega los principios básicos y orienta las acciones relacionadas con la ejecución de las penas.

Se caracteriza por su flexibilidad ante el cambio, coordina los mecanismos e instituciones que posibiliten la ejecución de las penas dentro de un marco del respeto de los derechos humanos de las personas conciliándolos con el derecho de la sociedad a la seguridad. Además promueve las acciones tendientes a contribuir al cambio personal y reinserción social de los internos y usuarios de medidas alternativas, principalmente a través de la educación y el trabajo. Es el marco orientador tanto de las acciones que asignan los recursos humanos y materiales considerando las variaciones regionales y locales, y del diseño de programas destinados al logro de los objetivos propuestos.

La nueva política penitenciaria se centra en el mejoramiento y ampliación de la infraestructura penitenciaria, y concibe al trabajo en las cárceles como un elemento que contribuye a la disminución de la reincidencia delictiva y al fortalecimiento de los niveles de seguridad pública, y reduce el deterioro físico y psicológico que produce la reclusión.

  1. Área laboral: abarca toda la actividad de trabajo y capacitación de los internos o usuarios de medidas alternativas de un establecimiento penitenciario.
  2. Capacitación para la reinserción social: capacitación en oficios, para preparar su inserción laboral.
  3. Capacitación de funcionarios: para mantener la capacidad del servicio.

proyecto de ley “reforma carcelaria” Gobierno Sebastian Piñera

Las siguientes medidas  son las que expone el proyecto de ley del actual gobierno: 

Medida 1.‐ Reemplazar las multas, cuando no puedan ser pagadas, por servicios comunitarios.

Medida 2.‐ Reemplazar penas inferiores a un año por servicios comunitarios.

Medida 3.‐ Flexibilizar el otorgamiento de la libertad condicional, estableciendo “criterios objetivos” para su concesión.

Medida 4.‐ Indulto conmutativo.

Además señalaron que implementarán cuatro nuevos recintos carcelarios, divididos según el nivel de peligrosidad de los internos. Este proyecto permitirá agrandar las plazas de 35 mil actualmente a 46 mil al final de su mandato y que aumentará el crecimiento del 30% actual y reducirá la tasa de sobrepoblación del 60% actual al 15% al término del proceso.

Todo lo señalado anteriormente, se traduce en un gasto de US$410 millones, de los cuales US$320 millones se utilizarán en la construcción de los cuatro penales anunciados; US$40 millones se ocuparán en remodelaciones y ampliaciones de otras cárceles existentes y  los US$50 millones restantes ya se invirtieron en la construcción de la cárcel de Antofagasta.

Los nuevos recintos penitenciarios se segmentarán en:

-Dos penales para reos de baja peligrosidad, con capacidad de 2.400 presos cada uno, el cual estará enfatizado en el proceso de rehabilitación para que el 100% de los internos trabaje.

-Una cárcel para reos de alta peligrosidad, con capacidad para 2.000 internos.

-Otro penal  operará como centro de clasificación, al que serán enviados los presos nuevos y serán monitoreados durante 30 días para definir patrones conductuales, niveles de peligrosidad, entre otros, que determinarán su derivación al penal definitivo.

Referencia bibliográfica  

-Documento elaborado por la división de defensa social del ministerio de justicia, con aportes del área laboral del departamento de Gendarmería de Chile.  “Política Laboral penitenciaria para la población penal”. Santiago, 2004

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